El crecimiento requiere cambios institucionales
Pablo T. Spiller
Catedrático, Universidad de California, Berkeley, y LECG LLC
La semana pasada se cerró en Montevideo el Congreso Latinoamericano de Economistas con participación de más de 300 economistas. La recesión argentina fue "el tópicoö, en donde la falta de entendimiento de la problemática argentina fue el único común denominador. En una serie de trabajos con Mariano Tommasi y colaboradores del CEDI, hemos adelantado la tesis de que el problema fundamental de la Argentina no es tanto económico como institucional. El Federalismo Argentino como lo conocemos probablemente haya concluido su etapa. La evolución histórica degeneró al Federalismo Argentino en un Federalismo anticompetitivo. La relación simbiótica entre gobierno central y gobernadores, por la cual el gobierno central depende de los gobernadores para llevar a cabo su agenda legislativa, mientras que los gobernadores dependen del centro para poder cumplir con sus obligaciones financieras, se ha transformado en el impedimento más fuerte para la realización de ajustes y reformas económicas. Es por ello fundamental romper esta relación para poder otorgar la flexibilidad y la credibilidad necesaria para que la Argentina vuelva a crecer.
Esta relación simbiótica se basa en leyes electorales que otorgan a los líderes políticos provinciales el poder de determinar los candidatos para la próxima legislatura nacional. Dado que el gobernador es tradicionalmente el líder provincial de su partido, los gobernadores controlan la legislatura nacional al controlar la forma en que sus legisladores votan. La falta de lealtad al líder partidario provincial le asegura al legislador la diáspora política. Esto hace que el Presidente tenga poca influencia sobre cada legislador individual. El distrito de cada legislador es la provincia en general, y en la provincia se vota por partido, no por legislador. Por lo tanto, si un presidente desea obtener el voto de un legislador, lo tiene que "comprarö a un gobernador, el cual le "vendeö no sólo uno sino toda su bancada. Este efecto tiene dos consecuencias muy importantes. Primero, el Presidente no puede jugar un legislador contra el otro, pues los gobernadores coordinan los votos de sus representantes. Segundo, los gobernadores de las provincias grandes pueden bloquear proyectos legislativos con los que no estén satisfechos. Si los legisladores tuviesen que coordinar individualmente entre ellos, tal nivel de cohesión sería casi imposible de implementar. Todo proyecto legislativo requiere, por lo tanto, ofrecer incentivos financieros a los gobernadores de las provincias grandes. Tercero, los gobernadores de las provincias pequeñas también pueden coordinar fácilmente sus posiciones, nuevamente generado un grupo cohesivo al cual el Presidente tendrá que "comprarö para poder pasar su agenda legislativa. Esto implica que toda agenda política nacional tendrá necesariamente un componente muy importante de transferencias fiscales a las provincias.
Estas transferencias son la razón por la que la convertibilidad fue introducida en primer lugar, y la razón por la que el país se encuentra hoy atascado en una recesión de expectativas negativas. Dado el poder de los gobernadores sobre sus legisladores, y por ende el poder sobre la agenda política del Presidente, el ajuste fiscal ha sido sistemáticamente evadido por las provincias, implicando ajustes cada vez más fuertes para el gobierno central, ajustes que son a su vez bloqueados por la cúpula sindical.
El camino de salida, por lo tanto, requiere un nuevo enfoque al Federalismo Argentino. Un federalismo competitivo, basado en la responsabilidad de las provincias por sus propias cuentas. Tal responsabilidad será posible implementarla sólo si los gobernadores pierden el poder que tienen sobre la legislatura nacional. Para ello es fundamental implementar un sistema electoral basado en distritos unipersonales con primarias abiertas. Tal sistema electoral no sólo romperá la relación simbiótica gobernadores/centro, sino que creará por primera vez en la historia nacional un Congreso profesional, no como hasta ahora donde los legisladores se quedan en promedio un solo período; un Congreso que podrá ser el eje de la actividad política nacional, otorgando un ancla a los vaivenes políticos del país.
El presidente De la Rúa tiene hoy la oportunidad de implementar tal sistema. El voto protesta le ha dado un mandato muy claro: reformar la política. Esta sólo podrá ser llevada a cabo si se reduce el poder político de los gobernadores. Para ello De la Rúa debe convocar a un plebiscito popular en el que se plantee muy simplemente si los votantes apoyan o no la reforma electoral propuesta. Una vez obtenido el apoyo popular, se deberá requerir que la legislatura nacional apruebe dicha ley. Sin ese cambio, la Argentina no saldrá de sus ciclos de crisis.


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